En la sociedad contemporánea, el sistema de justicia se enfrenta a la paradoja de intentar equilibrar la rehabilitación con el castigo. Sin embargo, este intento por resolver un dilema moral y ético termina muchas veces mostrando una estructura disfuncional que, lejos de rehabilitar, perpetúa la deshumanización. La suma de las penas y la concesión de beneficios sin evaluación individualizada exponen las falencias de un sistema judicial que, en lugar de buscar la reinserción, se basa en prácticas punitivas, mecanicistas y, a menudo, carentes de fundamento científico.
Uno de los problemas más evidentes en el enfoque judicial actual es la falta de personalización en las condenas. El concepto de "sumar penas" —es decir, multiplicar las sentencias de acuerdo con el número de delitos cometidos— es un reflejo de un pensamiento arcaico que no considera la evolución del individuo dentro del sistema penitenciario. En este modelo, se asume que todas las personas son iguales ante la ley y que el castigo debe ser proporcional al número de delitos, sin tener en cuenta la capacidad de cambio y rehabilitación de cada individuo.
Si tomamos el ejemplo de una persona que, luego de cometer un robo, muestra signos claros de rehabilitación en un tiempo relativamente corto, aplicar una pena de 6 años por tres robos no solo es injusto, sino que es contraproducente. En este caso, la rehabilitación de la persona, alcanzada en solo dos años, no puede ser ignorada en favor de un castigo sistemático que no responde a la realidad del condenado. Es aquí donde la ciencia debe jugar un papel clave: la evaluación de cada individuo debe realizarse mediante pericias psicológicas y psiquiátricas rigurosas, que permitan determinar si la persona ha alcanzado un nivel de rehabilitación suficiente para su reinserción. Sin estas evaluaciones científicas, el sistema penal actúa de manera arbitraria, prolongando penas innecesarias o liberando a individuos sin una real transformación.
El absurdo de penalizar palabras e intenciones
Uno de los ejemplos más evidentes de los excesos del sistema punitivo es la criminalización de las amenazas. Penalizar las amenazas implica castigar palabras que, por sí solas, no constituyen un daño real. Si una persona amenaza a otra pero nunca lleva a cabo una acción concreta, ¿tiene sentido aplicarle una pena de prisión? No se puede encarcelar a alguien por lo que podría hacer en el futuro, ya que esto rompe con el principio básico de que el derecho penal debe castigar acciones y no meras posibilidades. De lo contrario, se abriría la puerta a un sistema basado en la censura del lenguaje, donde cualquier declaración impulsiva podría llevar a consecuencias desproporcionadas.
Este mismo problema se refleja en la penalización del intento de homicidio. Aunque en algunos casos puede haber indicios de que una persona quiso matar a otra, la intención nunca puede determinarse con certeza absoluta. Incluso con pericias psicológicas, lo máximo que se puede hacer es inferir una predisposición, pero la intuición no es suficiente para aplicar penas severas. Castigar el intento de homicidio como si fuera un asesinato consumado implica asumir que podemos leer con exactitud la mente de una persona, lo cual es imposible. El derecho penal no puede basarse en probabilidades, sino en hechos concretos.
El absurdo del agravante de "hábil tirador"
Otro aspecto problemático del sistema penal es la existencia de agravantes como el de "hábil tirador". Este concepto parte de la premisa de que una persona con destreza en el uso de armas tiene una mayor intención de matar que alguien sin entrenamiento. Sin embargo, esto no resiste un análisis lógico.
Si una persona dispara un arma contra otra, la intención ya está clara: el objetivo es neutralizar al oponente, sea por ataque o defensa. ¿Qué cambia si el tirador es más o menos preciso? Si alguien usa un arma, es porque considera que es la mejor opción para la situación en la que se encuentra. En el caso de la legítima defensa, el objetivo no es matar por placer ni demostrar habilidad, sino asegurar la propia supervivencia.
Aplicar agravantes basados en habilidades supone castigar más severamente a quienes, en teoría, deberían estar mejor preparados para manejar situaciones de peligro. Esto es especialmente absurdo en el caso de ciudadanos que han recibido entrenamiento en armas por razones profesionales o personales. ¿Deben los soldados, policías retirados o deportistas de tiro recibir penas más altas solo porque tienen más experiencia? Si su accionar es legítimo, no debería haber distinciones arbitrarias.
Hacia una justicia basada en hechos, no en suposiciones
Para que el sistema de justicia penal sea verdaderamente justo y efectivo, es fundamental que las decisiones sobre la duración de las penas y los beneficios penitenciarios estén basadas en estudios científicos individualizados. La aplicación de pericias psicológicas y psiquiátricas periódicas permitiría evaluar de manera objetiva la evolución del condenado, en lugar de depender de criterios inflexibles y mecánicos. Estas evaluaciones no solo ayudarían a determinar si una persona está lista para reinsertarse en la sociedad, sino que también permitirían adaptar los programas de rehabilitación a las necesidades específicas de cada individuo.
Lo que realmente falta en el sistema es un enfoque más humano y menos mecánico. La pena no debe ser una cifra en una tabla que se multiplica, sino una respuesta que refleje el proceso de cambio y crecimiento de la persona. Si un condenado logra modificar su conducta y demostrar que su reintegración a la sociedad es viable, la pena debería ajustarse a esa realidad, no ser una condena eterna que no sirve a ningún propósito rehabilitador.
A lo largo de este análisis, es evidente que el sistema de justicia penal, al igual que otros sistemas sociales, se ha convertido en una maquinaria burocrática que castiga sin evaluar los efectos reales del castigo en la persona. La verdadera justicia no puede basarse en la idea de "castigar para enseñar". La justicia debe ser una herramienta de transformación social, que, en lugar de simplemente castigar, busque reintegrar a los individuos que han cometido errores, pero que han mostrado la capacidad de cambiar.
El sistema actual no tiene en cuenta los avances de la ciencia y la psicología en cuanto a la rehabilitación del delincuente. La sociedad aún permanece anclada en un paradigma punitivo que da más importancia a la retribución que a la reparación del daño. Esto se ve claramente reflejado en la falta de programas de rehabilitación efectivos, en la ausencia de evaluaciones periódicas e individualizadas de los prisioneros y en la aplicación ciega de penas que no tienen en cuenta el verdadero objetivo de la justicia: la reinserción.
En conclusión, el sistema de justicia penal debe ser profundamente reformado. Las penas deben estar basadas en principios científicos que evalúen el verdadero impacto de la condena en el rehabilitado. En lugar de perpetuar un ciclo de castigo sin fin, el sistema debería dar espacio para la evaluación constante y la modificación de la pena en función del progreso individual del prisionero. Solo así podremos construir una justicia que no se limite a castigar, sino que realmente sirva para reparar, rehabilitar y reintegrar, respetando la dignidad humana y el derecho de cada individuo a cambiar.
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