La justicia, ese gran ideal de
equilibrio y equidad, parece ser un privilegio reservado para quienes pueden
costearla. Mientras las cárceles rebalsan de pequeños delincuentes, los criminales
de cuello blanco disfrutan de sus mansiones y círculos de poder, blindados por
un sistema hecho a su medida. El robo de un pan puede llevar a un joven a
prisión durante años, pero el desfalco de millones suele pagarse con
conferencias sobre liderazgo y rehabilitación social. ¿Cómo es posible que el
castigo no mida la gravedad del daño real, sino la influencia de quien lo
comete?
Los Dos Pesos de la Justicia
El sistema penal está diseñado
para castigar con dureza los delitos visibles, aquellos que afectan a la
ciudadanía de manera inmediata y tangible: un robo callejero, un asalto a mano
armada, un hurto menor. Estos delitos son exhibidos en los medios como la gran
amenaza a la sociedad. Se les persigue con una eficiencia implacable, generando
sentencias rápidas y condenas ejemplares. Sin embargo, cuando se trata de
crímenes financieros o corrupción política, la maquinaria judicial se vuelve
lenta, torpe, e incluso servil. La misma justicia que no titubea en castigar la
pobreza, se muestra sumamente cautelosa cuando el acusado es un empresario, un
banquero o un político.
Los tribunales rara vez tienen
la misma celeridad cuando deben juzgar a alguien con acceso a abogados de
élite, recursos inagotables y conexiones en los más altos niveles del poder. Si
un político es sorprendido desviando fondos, su juicio se alarga durante años
entre apelaciones, tecnicismos legales y prescripciones milagrosas. Para cuando
llega un veredicto, el escándalo ya ha sido reemplazado por uno nuevo, y su
condena, si es que llega, es mínima en comparación con el daño causado.
El Arte de la Impunidad
La corrupción y el fraude
financiero no solo destruyen vidas individuales, sino que desmantelan
sociedades enteras. Un político que roba dinero destinado a hospitales deja a
miles sin acceso a tratamientos médicos. Un empresario que evade impuestos
priva a la educación pública de recursos esenciales. Y, sin embargo, los vemos
caminando libres, con sentencias ridículas, arrestos domiciliarios en
residencias de lujo o multas que apenas representan un pequeño porcentaje de su
botín.
Los mecanismos de impunidad
son variados:
1. Prescripción
del delito: Los procesos judiciales se extienden tanto que los crímenes
terminan quedando impunes por el simple paso del tiempo.
2. Arreglos
extrajudiciales: Se negocian penas leves o multas irrisorias que permiten a
los criminales conservar gran parte de sus ganancias ilícitas.
3. Influencias
políticas: Jueces y fiscales con vínculos con el poder benefician a los
acusados con fallos favorables o directamente archivan los casos.
4. Prisión
VIP: En los raros casos en que un poderoso es condenado, su encarcelamiento
se realiza en condiciones privilegiadas, con celdas especiales y beneficios
impensables para el resto de los reclusos.
Un Contraste Brutal
Mientras tanto, el ciudadano
común, sin acceso a una defensa poderosa, es castigado con todo el peso de la
ley. Un robo menor puede significar años en prisión, con pocas oportunidades de
reducción de pena o reinserción social. La reincidencia no es una elección,
sino una consecuencia de un sistema que castiga sin reeducar y margina sin
ofrecer salidas.
Los medios de comunicación
contribuyen a esta desigualdad al dirigir la atención pública hacia los delitos
callejeros, mientras minimizan o justifican los crímenes financieros y de
corrupción. Un ladrón de bancos es un delincuente, pero un banquero que estafa
a miles de familias es presentado como un "visionario en desgracia".
La Solución: Justicia Real, No Justicia de
Clase
Si la justicia quiere
recuperar su credibilidad, debe romper con esta doble vara y tratar a los
criminales por el daño que causan, no por el poder que ostentan. Algunas
medidas urgentes incluyen:
-
Endurecer las penas para delitos de corrupción y
fraude financiero, equiparándolas a los crímenes violentos en términos de
gravedad judicial.
-
Eliminar la prescripción de delitos financieros
y de corrupción, garantizando que la impunidad no dependa del paso del tiempo.
-
Asegurar que las penas de prisión sean efectivas
y sin privilegios, para que los condenados cumplan su castigo en las mismas
condiciones que el resto de los reclusos.
-
Proteger a denunciantes y testigos, para evitar
que quienes se atreven a exponer la corrupción sean silenciados o perseguidos.
Una sociedad que tolera la
impunidad de los poderosos no es una sociedad justa. Mientras el crimen siga
usando traje, la cárcel seguirá siendo el destino de los que menos tienen, y la
justicia, una ilusión diseñada para tranquilizar a las masas sin tocar
realmente el poder.
La pregunta final es: ¿estamos
dispuestos a exigir una justicia que no mire la cuenta bancaria del acusado
antes de decidir su sentencia?
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